Lindbergh defende proibir “jogo do tigrinho” no Brasil
El diputado Lindbergh Farias (PT-RJ) presentó el 9 de junio de 2026 el Proyecto de Ley 2.939 de 2026, que busca prohibir la explotación comercial de juegos de azar digitales en Brasil. Esta legislación incluye plataformas conocidas como "juego del tigrinho", tragamonedas virtuales y modalidades clasificadas como juegos de habilidad o entretenimiento interactivo. Según el texto del proyecto, el objetivo es "proteger la salud pública, la integridad económica de las familias y el orden social" ante la creciente expansión de los juegos de azar en el entorno virtual. El proyecto define como juego de azar digital cualquier plataforma cuyo resultado dependa "exclusiva o predominantemente de un generador de números aleatorios (RNG) o mecanismo equivalente", y que permita depósitos y retiros de recursos. Se mencionan expresamente los tragamonedas, la ruleta, el blackjack, el póker digital, las raspaditas en línea, los "crash games" y sistemas de recompensas aleatorias, como las loot boxes y "cajas misteriosas". Además, busca evitar que las empresas eludan la legislación mediante cambios en la nomenclatura, creando el concepto de "formato disfrazado", que incluye productos que imitan características de juegos de azar bajo clasificaciones como "juegos de habilidad" o "entretenimiento interactivo". La propuesta establece que las instituciones financieras deben bloquear transacciones hacia operadores ilegales en un plazo de 72 horas tras la notificación. Los proveedores de internet tendrán 48 horas para bloquear dominios y aplicaciones, mientras que las tiendas virtuales deberán eliminar los aplicativos en un plazo de 24 horas. Asimismo, se prohíbe la publicidad de estos juegos, impidiendo que redes sociales, plataformas digitales y proveedores de internet "difundan, monetizen o distribuyan contenido publicitario de operadores prohibidos, incluso a través de influenciadores digitales". Las multas para los operadores oscilan entre R$ 500 mil y R$ 50 millones, además del bloqueo de dominios, aplicaciones y activos financieros en el país. También se tipifica la explotación de estos juegos como un delito, con penas de 1 a 4 años de detención para los operadores y de 6 meses a 2 años para los facilitadores que incumplan las obligaciones establecidas por la ley. Las sanciones podrían incrementarse en un tercio si hay un enfoque hacia menores de edad o si se utilizan celebridades e influenciadores en la promoción de las plataformas. Lindbergh Farias argumenta que este proyecto es una respuesta al rápido crecimiento de estas plataformas en Brasil, donde más de 2 millones de personas sufren de adicción a los juegos. Además, menciona que los atendimientos en la red pública relacionados con el juego patológico han aumentado un 300% entre 2022 y 2024, destacando que los adolescentes son uno de los grupos más vulnerables a los efectos de la ludopatía.