Redução da maioridade penal: entenda os próximos passos do projeto

La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el 10 de junio de 2026 la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que busca reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años. La votación resultó en 44 votos a favor y 18 en contra. Sin embargo, el proyecto no avanzará de inmediato a votación en el plenario, ya que deberá pasar por un proceso adicional que incluye la formación de una Comisión Especial temporal, la cual evaluará el contenido de la propuesta. En esta nueva comisión, los diputados podrán realizar audiencias públicas, proponer modificaciones al texto y votar un informe final. Si la Comisión Especial aprueba la propuesta, esta será enviada al plenario de la Cámara de Diputados para su deliberación. Dado que se trata de una enmienda constitucional, se requiere el apoyo de al menos 3/5 de los diputados, es decir, 308 de los 513 parlamentarios, en dos turnos de votación. Si se aprueba en estas etapas, el proyecto será enviado al Senado Federal, donde seguirá un proceso similar. La PEC fue presentada originalmente en mayo de 2015 por el entonces diputado Gonzaga Patriota (PSB-PE) y otros legisladores, con el objetivo de establecer la "plena mayoridad civil y penal a los 16 años". Desde su presentación, la propuesta ha pasado por un largo proceso de análisis en la CCJ, donde ha tenido al menos tres relatores y fue archivada en 2019. Recientemente, el debate sobre el texto se ha intensificado, y el actual relator, el diputado Coronel Assis (PL-MT), presentó un informe favorable a su admissibilidad. La votación final en la CCJ se realizó tras el rechazo de solicitudes de aplazamiento por parte de opositores al proyecto. Es importante destacar que, aunque el proyecto original proponía una mayoridad plena, el relator presentó un sustituto que mantiene las reglas civiles actuales, lo que significa que los derechos políticos y la mayoridad civil de los jóvenes no se verán afectados. El alistamiento electoral y el ejercicio del voto seguirán siendo opcionales a los 16 años y obligatorios solo a partir de los 18. Durante la discusión en la CCJ, los diputados a favor del proyecto argumentaron que la medida responde a demandas sociales por mayor seguridad pública y responsabilidad penal, mientras que los opositores sostuvieron que la reducción de la edad de responsabilidad penal violaría derechos fundamentales establecidos en la Constitución y abogaron por un enfoque en políticas públicas educativas.