TCU suspende multas a distribuidoras no RenovaBio

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil aprobó el 3 de junio de 2026 una medida cautelar que suspende las sanciones administrativas impuestas a distribuidoras de combustibles por el incumplimiento de metas del mercado de Créditos de Descarbonización (CBIOs). Esta decisión, que se aplica únicamente a los ciclos cerrados hasta el 31 de diciembre de 2024, responde parcialmente a una solicitud del Congreso Nacional, que pedía la suspensión inmediata del modelo de operación del programa RenovaBio o, en su defecto, de las penalidades. Aunque el TCU no accedió a suspender por completo el programa, sí aceptó bloquear temporalmente las multas y restricciones de comercialización correspondientes a años anteriores a 2025. El RenovaBio es una política pública destinada a estimular el sector de biocombustibles y fortalecer la cadena productiva, contribuyendo a la resiliencia de la matriz energética nacional. Las distribuidoras de combustibles fósiles tienen la obligación legal de cumplir con metas de adquisición de CBIOs, que son activos financieros ambientales. El incumplimiento de estas metas conlleva sanciones. Sin embargo, el TCU basó su decisión en una auditoría que reveló fallas estructurales en la gobernanza y riesgos de manipulación de mercado, destacando que tres distribuidoras concentran más del 55% de las obligaciones de compra de créditos, lo que ha generado una asimetría en el mercado que afecta a las empresas más pequeñas. El TCU advirtió sobre los riesgos de imponer sanciones severas en un mercado con antecedentes de distorsiones. La reciente Ley 15.082/2024, que incrementó el límite de las multas administrativas de 50 millones a 500 millones de reales, también introdujo sanciones drásticas, como la prohibición de importar y comercializar combustibles para las distribuidoras que no cumplan con sus obligaciones. Según el TCU, penalizar a las empresas por incumplir metas cuya viabilidad se ha visto afectada por deficiencias en la política pública representa una "contradicción jurídica". Hasta la fecha, se han impuesto multas por un total de 42 millones de reales por ejercicios anteriores a 2024. Para evitar la exclusión de empresas del sector, el TCU ordenó a la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) que elabore con urgencia un programa de regularización. A pesar de las falencias en la regulación del mercado, el TCU destacó que los resultados generales del RenovaBio son positivos para la seguridad energética y la competitividad de la matriz nacional, con un movimiento de recursos que supera los 12 mil millones de reales. El ministro Bruno Dantas enfatizó que suspender el programa en su totalidad no tendría fundamento jurídico y contradice decisiones recientes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y del Supremo Tribunal Federal (STF) que han validado el RenovaBio. El ciclo de cumplimiento de obligaciones para 2025 sigue vigente y no ha sido interrumpido. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía ha presentado un recurso para intentar revertir la suspensión de las sanciones, y el tema será revisado nuevamente por el TCU en las próximas semanas.