Governo do Rio de Janeiro cassa registro da Refit

La Refinaría de Petróleos de Manguinhos (Refit), ubicada en la capital del Estado de Río de Janeiro, ha sido objeto de una serie de acciones legales y administrativas debido a su crítica situación financiera. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Hacienda (Sefaz-RJ), canceló su inscripción estatal el 29 de mayo de 2026, cambiando su estatus a "impedida". Esta decisión afecta directamente la relación de la refinadora con el fisco estatal y se suma a la presión sobre la empresa, que se encuentra en proceso de recuperación judicial desde 2016. Según informes, la Refit adeuda R$ 14,3 mil millones en ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios) al Estado de Río, y su pasivo total, incluyendo deudas con los estados de Río de Janeiro y São Paulo, supera los R$ 30 mil millones. El empresario Ricardo Magro, quien controla la Refit, enfrenta un mandado de prisión preventiva emitido por la Policía Federal en el marco de la Operación Sem Refino. En respuesta a la crisis de la refinadora, el gobernador interino de Río, Ricardo Couto, ha iniciado conversaciones para la posible expropiación del terreno donde se encuentra la planta, que es propiedad de la Unión. Este proceso requiere la colaboración del gobierno federal, y Couto ha discutido el tema con el ministro de Justicia, Wellington Lima y Silva, aunque aún no se ha definido el valor de la expropiación. El Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro (MP-RJ) ha solicitado a la justicia la conversión de la recuperación judicial de la Refit en un proceso de quiebra. En un documento presentado el 26 de mayo de 2026, el MP-RJ argumenta que, tras casi una década de recuperación, la empresa no ha logrado reestructurarse económicamente, y su pasivo fiscal ha aumentado de R$ 5 mil millones a R$ 25,7 mil millones durante este periodo. Además, se señala que más del 80% de los tributos adeudados entre 2022 y 2024 no han sido pagados, lo que caracteriza a la empresa como deudora contumaz. El MP también menciona investigaciones que sugieren la existencia de un modelo de negocio basado en la evasión fiscal y fraudes, así como intentos fallidos de bloquear activos de la empresa. Ante este panorama, se ha solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Fazenda Nacional y las procuradurías de los estados involucrados para evaluar la situación tributaria de la Refit.