Funcionários da Abin defendem lei para evitar nova “Abin Paralela”

La Intelis, la Unión de Profesionales de Inteligencia de Estado de la ABIN, defendió la creación de un marco legal para la inteligencia estatal en Brasil, argumentando que los eventuales desvíos deben ser “enfrentados por medio de la ley, de mecanismos de control eficientes y eficaces”. En un comunicado enviado al portal Metrópoles, la entidad destacó que el caso de la “Abin Paralela” resalta la necesidad de actualizar la legislación sobre inteligencia en el país. Esta declaración se produjo tras la publicación de un informe que evidenció la resistencia de la Casa Civil, la Secretaría de Relaciones Institucionales (SRI) y la Policía Federal a la creación de una nueva normativa para el sector. Actualmente, el Proyecto de Ley nº 6423 de 2025, que busca establecer un nuevo marco legal para la inteligencia, está en trámite en el Senado y se prevé su discusión en el pleno el 8 de julio. El senador Nelsinho Trad (PSD-MS) es el relator del proyecto. La Intelis enfatizó que la preocupación por los desvíos de finalidad en las actividades de inteligencia es válida y debe ser abordada con seriedad institucional. La organización sostiene que el debate público sobre la modernización de la legislación debe partir de la premisa de que los desvíos se combaten mediante la ley, la profesionalización, la transparencia y la rendición de cuentas. El caso de la “Abin Paralela” se refiere a una investigación de la Policía Federal sobre el uso indebido de la ABIN durante el gobierno del ex-presidente Jair Bolsonaro, donde se sospecha que la agencia fue utilizada para monitorear a adversarios políticos y favorecer intereses del grupo en el poder. Alexandre Ramagem, exdirector de la ABIN, es señalado como el coordinador de esta estructura. Según la investigación, entre 2019 y 2022, miembros de la ABIN habrían espiado ilegalmente a autoridades, incluido ministros del Supremo Tribunal Federal, congresistas y periodistas, sin autorización judicial, y habrían utilizado información para beneficiar políticamente al gobierno. Un aspecto destacado del esquema fue el uso de la tecnología de geolocalización First Mile, que permitió realizar más de 60,000 consultas sin la debida autorización.