Planalto avalia ação no STF contra derrubada de vetos à LDO

El Palacio del Planalto está evaluando la posibilidad de recurrir al STF (Supremo Tribunal Federal) para impugnar la anulación de los vetos presidenciales a la LDO (Ley de Directrices Presupuestarias) de 2026. Esta opción se encuentra actualmente en análisis interno. El 21 de mayo, el Congreso derribó cuatro vetos del presidente Lula a la ley presupuestaria, con un resultado de 427 votos a favor en la Cámara y 68 en el Senado. La modificación más significativa permite que los municipios con hasta 65,000 habitantes y restricciones en el Cauc, el registro federal de deudores, puedan volver a recibir recursos de enmiendas parlamentarias y convenios con la Unión. La articulación para esta decisión fue liderada por congresistas del Centrão, influenciados por alcaldes vinculados a este grupo, con el objetivo de asegurar el flujo de transferencias en un año electoral. Esta era precisamente la intención del veto de Lula, que buscaba frenar dichos recursos. La derrota sufrida por el Planalto fue impulsada directamente por Davi Alcolumbre (Unión-AP), presidente del Senado, quien coordinó la estrategia para rechazar el veto, lo que ha deteriorado aún más su relación con el gobierno. La tensión entre Lula y Alcolumbre se había intensificado desde la negativa del Senado a la nominación de Jorge Messias, abogado general de la Unión, para una vacante en el STF, que fue rechazada por 42 votos a 34, por debajo de los 41 necesarios para su aprobación. Desde entonces, el núcleo del gobierno ha intentado reconstruir la relación con Alcolumbre, invitándolo a ceremonias y compromisos en el Planalto como un gesto de acercamiento político. Sin embargo, según miembros del gobierno, el senador ha rechazado participar en estos eventos. El Planalto considera que la anulación de los vetos afecta la ejecución presupuestaria y debilita la política fiscal del gobierno. En respuesta, el Ejecutivo ha enviado al Congreso una LDO para 2027 con una meta de superávit primario de R$ 73,2 mil millones, equivalente al 0,5% del PIB. La discusión actual se centra en cuál sería el camino más adecuado para presentar el recurso. Una de las opciones es activar al STF a través de la AGU (Abogacía General de la Unión), que es el procedimiento recomendado cuando la cuestión involucra prerrogativas presidenciales y tiene un impacto directo en la ejecución presupuestaria. La otra alternativa sería movilizar a un partido político, en este caso el PT (Partido de los Trabajadores), para que presente la acción. Este enfoque otorgaría a la impugnación un carácter político-constitucional más amplio y reduciría el desgaste directo del Palacio, sin impedir que la AGU se pronuncie durante el proceso. Esta estrategia no es nueva; el Planalto suele evitar liderar este tipo de acciones y utiliza a los partidos de su base para cuestionar derrotas en el Congreso. Por ejemplo, en noviembre de 2025, el Congreso anuló 52 vetos de Lula a la Ley General de Licenciamiento Ambiental, que flexibiliza las normas para obras y proyectos en el país, y la judicialización fue asumida por partidos aliados, como el PSOL y el Partido Verde, que presentaron ADIs (Acciones Directas de Inconstitucionalidad) en diciembre de 2025.