Fachin suspende julgamento do marco temporal para uniformizar decisão

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ministro Edson Fachin, solicitó el pasado viernes 26 de junio de 2026 una vista en el análisis de los recursos contra la decisión que rechazó la tesis del marco temporal para la demarcación de tierras indígenas. La intención del ministro es unificar el criterio en todas las acciones relacionadas con este tema, para que el juicio de los recursos se realice de manera conjunta. Sin embargo, en la Corte existen diferentes tipos de acciones sobre esta tesis. En un primer momento, el STF declaró la inconstitucionalidad de la tesis jurídica como criterio para la demarcación de tierras. Posteriormente, se hizo necesario evaluar la validez de una nueva ley aprobada por el Congreso Nacional que instituyó el marco temporal. En diciembre de 2023, el Tribunal reafirmó su postura, declarando inconstitucionales ciertos dispositivos de esta ley. Actualmente, se encuentran en discusión recursos derivados del primer juicio, que finalizó en 2023, junto con las nuevas consideraciones de la Corte que bloquearon la ley en 2025. El ministro Fachin es el relator del recurso extraordinario, mientras que el ministro Gilmar Mendes se encarga de las acciones que cuestionan la validez de la nueva ley. La tesis del marco temporal establece que los indígenas solo tienen derecho a las tierras que poseían el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución Federal, o que estaban en disputa judicial en ese momento. En septiembre de 2023, el STF había decidido que el marco temporal para el reconocimiento de la ocupación de tierras indígenas no podía ser el 5 de octubre de 1988. A raíz de esta decisión, el Congreso aprobó la ley nº 14.701, que revocó el veto sobre el marco temporal y fijó el plazo para el reconocimiento de las tierras de los pueblos originarios en esa misma fecha. Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó la ley, el veto fue anulado y la ley entró en vigor. Sin embargo, tras ser impugnada por partidos, ambientalistas y asociaciones indígenas, el Supremo reconoció su inconstitucionalidad, reafirmando que la fecha de promulgación de la Constitución no es un criterio para la demarcación de tierras indígenas. El STF aún debe especificar plazos y criterios para la homologación de estas tierras.