El gobernador interino de Río de Janeiro, Ricardo Couto, emitió un decreto a través de una edición extra del Diario Oficial del Estado, que establece una fuerza de tarea para auditar las cuentas del gobierno. Esta medida implica investigar los gastos, contratos y la organización administrativa de los últimos 12 meses, además de suspender nuevos gastos. Todas las secretarías, autarquías, fundaciones y empresas estatales deberán enviar su rendición de cuentas a la Controlaría General del Estado en un plazo de 15 días. El decreto exige que los organismos estatales presenten informes detallados sobre contrataciones superiores a 1 millón de reales, el número de servidores y empleados tercerizados, licitaciones en curso, contratos sin presupuesto garantizado y contrataciones directas. Asimismo, se abrirá una investigación específica para verificar si estas contrataciones cumplen con la normativa vigente. La Controlaría tendrá un plazo de 45 días para analizar los casos sospechosos y reportar al gobernador interino. Además, el decreto prohíbe la apertura de nuevas licitaciones o contratos sin la garantía de financiamiento en el presupuesto, salvo en situaciones de emergencia con justificación formal. Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión para auditar la gestión del exgobernador Cláudio Castro, lo que ha llevado a Couto a realizar cambios en su equipo de gobierno.
