En las últimas semanas, diversas paralizaciones en el sector público del estado de Río de Janeiro han surgido como una forma de presión hacia el gobierno, con demandas centradas en la recomposición salarial y mejores condiciones laborales. Las protestas han afectado a instituciones como la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj), el Departamento Estatal de Tránsito (Detran) y la red de educación pública. Estas movilizaciones comenzaron tras la asunción del desembargador Ricardo Couto como presidente del Tribunal de Justicia del estado el 24 de marzo. En la Uerj, los docentes han estado en huelga desde el 25 de marzo, y los servidores técnicos se unieron a la protesta recientemente. Exigen el pago de reajustes atrasados correspondientes a 2023 y 2024, la reactivación del bono por tiempo de servicio y mejores condiciones laborales. Además, protestan contra leyes que han congelado salarios y reducido la recaudación estatal, afectando el presupuesto de la universidad. Por otro lado, el Detran-RJ inició una paralización el 2 de abril, con alrededor del 70% de sus trabajadores en huelga, lo que ha generado demoras en servicios como la emisión de documentos y la realización de exámenes de conducción. En el ámbito educativo, los profesionales de la red estatal llevaron a cabo una paralización de 24 horas organizada por el Sepe-RJ, demandando una recomposición salarial y el cumplimiento del piso nacional del magisterio.
