La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que endurece las sanciones contra fraudes y irregularidades en el mercado de combustibles. El texto ahora se enviará al Senado Federal. El objetivo principal es mejorar el marco regulatorio del sector, aumentando la fiscalización sobre toda la cadena de producción y estableciendo multas que pueden alcanzar hasta 500 millones de reales por casos de adulteración de combustibles. Estas multas serán actualizadas anualmente por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) en función de la inflación. Además de las multas, el proyecto contempla sanciones como la suspensión de actividades, la clausura de establecimientos y la revocación de autorizaciones de funcionamiento. También se establece una tasa de fiscalización que deberán pagar las empresas del sector, como distribuidoras y refinadoras, para cubrir los costos de las actividades de supervisión. Esta tasa puede ser cobrada de manera periódica o por servicio, y se aplicará en casos como solicitudes de autorización para operar, renovación de licencias o aprobación de proyectos. La diputada Adriana Ventura, del partido Novo, criticó la creación de estas tasas, considerándola "absurda" y argumentando que, aunque se busca proteger y sancionar a quienes adulteran, se penaliza también a empresarios serios.
