Agostina Páez, una ciudadana argentina acusada de injuria racial en Río de Janeiro, enfrenta dificultades para regresar a su país. A pesar de que la fiscalía había consentido su retorno, un juez decidió mantenerla bajo monitoreo electrónico por un período adicional de 10 a 15 días. Ante esta situación, su defensa presentó un habeas corpus para intentar liberar su salida del Brasil. Páez se mostró angustiada y desesperada, expresando su sufrimiento por la prolongación de su estadía en el país. El juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que era necesario esperar la sentencia final antes de permitir que Páez abandonara Brasil, a pesar de que tanto la fiscalía como los demandantes habían dado su aprobación para su regreso inmediato. La abogada de Páez, Junqueira, argumentó que la espera es perjudicial para su cliente, quien ha estado bajo intenso escrutinio público durante dos meses. Además, se espera que la sentencia incluya una pena mínima de dos años, que podría ser sustituida por servicios comunitarios y compensación a las víctimas. La defensa sostiene que el prolongar la detención de Páez es desproporcionado y que la justicia debe actuar conforme a la ley, sin ceder a la presión pública. Junqueira criticó la cobertura mediática del caso, que a su juicio ha influido negativamente en la percepción del sistema judicial brasileño. La situación de Páez continúa siendo objeto de debate, mientras su defensa espera una resolución favorable en el tribunal.
