Entidades de la sociedad civil han criticado la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que permite el pago de gratificaciones y beneficios, conocidos como "penduricalhos", por encima del techo constitucional para jueces y miembros del Ministerio Público. Las nuevas directrices de la Corte permiten que un solo magistrado reciba más de 420 mil reales al año solo en beneficios adicionales. Esta situación se agrava con la reactivación del quinquênio, un adicional que se paga cada cinco años de servicio y que había estado eliminado durante dos décadas. Un juez con 35 años de carrera podría alcanzar un salario mensual de casi 79 mil reales, lo que representa un 70% más que el techo actual del funcionalismo público, fijado en 46 mil reales. La decisión ha generado reacciones de expertos en transparencia y gestión pública. Guilherme Coelho, fundador de la organización República.org, califica la resolución como "decepcionante", argumentando que permite que los altos funcionarios del sistema judicial en Brasil perciban remuneraciones superiores a las de otros países, sin que esto se traduzca en una mejora en la calidad de los servicios a la población. Juliana Sakai, directora ejecutiva de Transparencia Brasil, advierte sobre el precedente que establece el STF, sugiriendo que esta distorsión podría influir negativamente en el Congreso Nacional al legislar sobre el tema, abriendo la puerta a regulaciones aún más permisivas en relación con las indemnizaciones.
