El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha establecido nuevas regulaciones para el pago de indemnizaciones a jueces y miembros del Ministerio Público (MP), limitando estos pagos a un máximo del 35% del techo constitucional, que actualmente es de R$ 46.366,19. Esto implica que las indemnizaciones, conocidas como "penduricalhos", pueden alcanzar hasta R$ 16.228,16. La decisión busca estandarizar y garantizar la transparencia en la remuneración, y entrará en vigencia en abril de 2026. Entre los pagos autorizados se incluyen diarias y compensaciones por vacaciones no disfrutadas, mientras que beneficios como el auxilio-moradia han sido considerados inconstitucionales. Además, se establece que los pagos retroactivos reconocidos por decisiones judiciales anteriores a febrero de 2026 están suspendidos hasta que se definan criterios específicos. La resolución también estipula que las gratificaciones por ejercicio acumulativo de jurisdicción solo se otorgarán en casos de actuación en múltiples órganos jurisdiccionales. La normativa exige que los tribunales y organismos públicos publiquen mensualmente los montos percibidos por sus miembros, detallando las respectivas rubricas, y el STF supervisará la implementación de estas medidas. La decisión reafirma el valor del techo constitucional y establece que cualquier modificación en las remuneraciones deberá ser realizada por ley federal o por decisión del STF.
