El ministro Gilmar Mendes validó las prisiones de Daniel Vorcaro y Fabiano Zettel, pero formuló críticas a la fundamentación de las decisiones judiciales, la actuación de la Policía Federal y la conducción del caso. Mendes subrayó la necesidad de un rigor técnico en el proceso penal y cuestionó el uso de argumentos como "pacificación social" para justificar prisiones preventivas. Además, defendió el rol de la Procuraduría General de la República (PGR) y alertó sobre los peligros de los filtraciones ilegales y la influencia de los medios de comunicación en el proceso judicial. Durante su intervención, el ministro también criticó el plazo de 72 horas otorgado a la PGR para analizar el caso, considerándolo insuficiente dada la complejidad de la situación. En cuanto a la Policía Federal, Mendes señaló la falta de fundamentación individualizada en las medidas cautelares, como la decisión de trasladar a Vorcaro a un penal federal, sugiriendo que se eviten generalizaciones que puedan afectar a todos los investigados indiscriminadamente. Asimismo, el ministro hizo un paralelo con la operación Lava Jato, advirtiendo sobre el juicio anticipado de los investigados y la presión social sobre el sistema judicial. Mendes enfatizó que el proceso penal no debe ser utilizado para satisfacer expectativas sociales ni para emitir señales de eficiencia estatal, sino que debe proteger las garantías de los investigados.
